viernes, 1 de julio de 2016

Los restos de represaliados de Almería se exhumaron ‘a espaldas de las familias’

Los restos de los represaliados de la Guerra Civil que fueron fusilados y enterrados en fosas comunes en el cementerio de San José de Almería fueron exhumados entre las décadas de 1940 y 1950 “a espaldas de los familiares” a quienes además se les impidió “intervenir” en el proceso, ya que los restos mortales fueron enviados al osario sin ningún tipo de clasificación, lo que hace prácticamente “imposible” su recuperación.

Así lo confirma el informe final elaborado por el doctor en Historia Contemporánea Óscar Rodríguez Barreira a quien la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, encargó la elaboración de un estudio que detallara la situación del cementerio y el destino de los restos tras las exhumaciones fallidas realizadas en noviembre de 2014 para encontrar los cadáveres de seis represaliados.

El documento, publicado este mes y al que ha tenido acceso Europa Press, considera a partir de sus pesquisas que las instituciones democráticas “deberían explicar a los familiares tanto el destino final de los restos óseos de sus víctimas como la política de memoria que guió a la dictadura”, con lo que señala la apertura de un debate que “en la medida de los posible” permita “dar respuesta a las demandas de dignificación, consuelo y memoria de lo deudos de las víctimas”.

‘INDEFENSIÓN Y ABANDONO’

Cabe recordar que el equipo de arqueólogos encontró en dos de las fosas excavadas enterramientos de caridad en lugar de los cuerpos de los represaliados, lo que hizo que las exhumaciones se paralizaran y no se llegaran a descubrir todos los enterramientos, entre ellos, el del último alcalde republicano de Cuevas del Almanzora, Martín Márquez Navarro, cuya familia impulsó el proceso de exhumaciones y de cuyo fusilamiento se cumplen este jueves 77 años.

La investigación, que recoge buena parte en las vivencias de las nietas del represaliado, apunta que la experiencia de la familia Márquez “es un ejemplo paradigmático de la situación de indefensión y abandono” que sufrieron las familias de las víctimas de la Guerra Civil antes de que se desarrollaran las políticas de memoria histórica.

Según Barreiro, “la tardanza en el despliegue de todas estas políticas e iniciativas, la mala coordinación durante mucho tiempo entre las diferentes instituciones y personas implicadas, el hecho de residir lejos de Almería y las malas experiencias sufridas en los primeros años de su búsqueda e investigación, añadido a algún que otro malentendido, ha facilitado que la familia Márquez sea muy suspicaz a la hora de entender las razones por las que no se ha exhumado la fosa” que se situaría bajo una fila de nichos de difícil acceso y en la que, por otra parte, la Junta no ha descartado del todo una intervención.

No obstante, el investigador destaca a la vista de los datos recopilados en sus conclusiones que si los restos cadavéricos fueron extraídos y cambiados de ubicación tal y como apuntan los indicios, “identificar concretamente cualquiera de los cuerpos resultaría una tarea extremadamente difícil, si no imposible”.

TESTIMONIOS DEL DESMANTELAMIENTO

El informe incluye además el testimonio de la nieta de otro de los represaliados en el cementerio, quien narra cómo su abuela recibió noticias “a finales de los 40″ de los trabajos de exhumación en el camposanto, por lo que en ese momento se dirigió hasta el lugar para reclamar el cuerpo y darle un entierro “digno” aunque “la presencia de autoridades” le impidió hacerse con los restos en ese momento.

Este testimonio indica que los trabajos para desplazar los restos de los fusilados se habrían realizado “en secreto” y “a primera horas de la madrugada a fin de evitar que se supieran de los mismos”. Esta cuestión hila, según el investigador, con el testimonio ofrecido por un “antiguo trabajador del cementerio”, quien explicó que fue necesario el desmantelamiento para “proceder a nuevas inhumaciones, en su mayoría, de caridad”.

La versión de este antiguo empleado descartaría además la existencia de uno libros de registros paralelos conocidos como los ‘Libros del enterrador’, en los que se anotara la ubicación de los cuerpos y su extracción posterior.

Según explica el autor, los libros de registro que se conservan en el archivo, que fueron conducidos ahí en 1999 ante la entrada de una nueva empresa de gestión municipal, se han mostrado pobres e inexactos en las ubicaciones de las nuevas inhumaciones y en ellos no se recogen las exhumaciones secretas, lo que sumado a la posterior reordenación del cementerio, con la construcción de nuevos nichos y calles, hace “complejo” hallar referencias certeras.

LO QUE DICE LA JUNTA

Por su parte, el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Javier Giráldez, ha asegurado que la investigación sobre el paradero de los restos de los represaliados de la Guerra Civil que acabaron en fosas comunes del cementerio de Almería posteriormente “desahuciadas” “no se puede ni se debe cerrar”, sentido en el que ha asegurado que el Gobierno andaluz va a seguir “de la mano” de los familiares para encontrar los cadáveres.

En declaraciones a Europa Press, Giráldez calificó de “tristes” las conclusiones alcanzadas por el informe elaborado en colaboración con la Universidad de Almería. El director ha apuntado que el informe es “más o menos concluyente” y que viene a refutar las “evidencias” que encontró el equipo de arqueólogos que a finales de 2014 llevó a cabo las labores de exhumación que resultaron fallidas al hallar enterramientos de caridad en el lugar en el que se esperaban encontrar los cuerpos.

NO ES UN CASO CERRADO

No obstante, ha asegurado que este “no es un caso cerrado” y aunque determinadas actuaciones son de “gran complejidad técnica” como la referida a Martín Márquez Navarro, cuyos restos supuestamente se situarían bajo una construcción de nichos; la Junta asegura que estará a expensas de que “nuevas evidencias” o “testimonios” que permitan ahondar en las investigaciones para la recuperación de los cadáveres.

El director ha señalado además la “doble represión” sufrida por los familiares de las víctimas debido por un lado, al “asesinato y ocultación” de las víctimas, y por otro, al tratamiento que el franquismo dio a los restos óseos, con ampliaciones y remociones del cementerio en “una especie de secuencia macabra”.

En este sentido, ha recordado que la ley de memoria histórica que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria mediante el debate de su articulado, contempla a los familiares de los asesinados como víctimas, lo que la reparación del daño será uno de los debates a tener en cuenta con la aprobación de la misma.

Por el momento y ante las respuestas a las demandas de dignificación y consuelo que el informe aconseja dar, el director ha explicado que desde la Junta se va a hacer “lo que los familiares quieran” para perpetuar la memoria de sus allegados.



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