“La marca España ha quedado a la altura de la mierda en el caso Mauthausen”

La Justicia española ha renunciado a perseguir a un grupo de genocidas de los campos de exterminio alemanes de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenburg. Puede que estén muertos, o que no. Puede que los tribunales españoles no sean competentes para ir a por ellos, o que sí. Y puede que el caso termine archivado, o quién sabe. 

El Tribunal Supremo ha elevado la polémica en torno a la jurisdicción universal con una contradictoria resolución en la que ordena reabrir la investigación del holocausto nazi para cerrarla y, al mismo tiempo que la critica, descarta pedir al Constitucional que se pronuncie sobre la legalidad de esa norma, que, en casos como este, ampara a los malos. 

La Audiencia Nacional tuvo entre sus competencias, desde su creación en la transición hasta abril de 2014, la investigación de los crímenes cometidos y sufridos por españoles en el extranjero. Con la reforma de la llamada jurisdicción universal, impuesta por la mayoría absoluta del PP con el resto del Congreso en contra, la persecución de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha sido objeto de “una restricción tan sustancial” –señala el Supremo- que, en la práctica, “excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español, dadas las escasísimas posibilidades de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España”.

La resolución del Supremo ordena reabrir, aunque condenándola al cierre y sin que esté del todo claro que pueda ser retomada, la causa en la que el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investigaba desde 2009 los delitos de persecución para el exterminio por motivos ideológicos y raciales, de crímenes de guerra y de genocidio contra españoles, presuntamente cometidos por cinco responsables de los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenburg, en los que murieron decenas de miles de prisioneros entre 1939, y sus liberaciones por los ejércitos de EEUU y la URSS entre el 23 de abril y el 5 de mayo de 1945.

Según Pedro Alberto García Bilbao, del Foro por la Memoria de Guadalajara, “la marca España ha quedado a la altura de la mierda en el caso Mauthausen”, para quien “la actuación del Estado y del ministerio público se ha traducido en un completo éxito de la impunidad. Han conseguido poner un cortafuegos para evitar que quedaran probados los vínculos del franquismo con el nazismo”. “El proceso se ha alargado demasiado, parecía que estaban esperando a que murieran” los denunciados, añade su hermano Julio. El foro de Guadalajara es uno de los integrados en la federación de entidades memorialistas que presentó la denuncia inicial.

El procedimiento, en su opinión, “iba a permitir probar la patente implicación del Estado franquista como cómplice del genocidio nazi”, ya que la causa incluía indicios de la existencia de una oficina permanente de Falange Exterior –los servicios secretos de la organización joseantoniana– en el campo de exterminio, por el que pasaron más de 7.000 españoles y en el que más de 4.000 perdieron la vida. “Eso prueba los vínculos del franquismo con el régimen nazi”, anota.

“Era un caso único”, señala García Bilbao, “en el que por primera vez se podía juzgar a alguien en nuestro país por los crímenes de Mauthausen, pero han hecho todo lo posible por retrasarlo. El Estado debería erigirse en acusador, en lugar de hacer de defensor del franquismo”. Y de sus intereses frente a los de sus ciudadanos, ya que una eventual declaración de responsabilidad de la Administración en el caso de los campos de exterminio podría conllevar el pago de cuantiosas indemnizaciones a las familias de las víctimas.

Eduardo Bayona | ctxt
Twitter: @E_BAYONA

Fuente: ctxt.es

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